Liberación de los presos. De pluma ajena. Por Héctor Hernández

Como muchos sabrán, con ocasión de la Cuare-terna, el gobierno populista de la Argentina ha decidido liberar a más de un millar de presos comunes con la excusa de los «Derechos humanos»: violadores, abusadores, ladrones, homicidas, políticos… Todos los delitos imputados entraron allí, menos uno: los supuestos delitos de «lesa humanidad» (eufemismo que caratula los militares argentinos que lucharon contra el terrorismo marxista en los ’70 y que hoy ya no son humanos, por lo que no tienen derechos).

A fin de explicar un poco qué ideología intenta justificar esta pandemia, dejamos aquí abajo un texto breve del Dr. Héctor Hernández que podrá ampliarse en otro que él mismo nos ha enviado para su publicación y que puede verse AQUÍ.

Que no te la cuenten…

P. Javier Olivera Ravasi, SE

¿QUÉ ES EL GARANTOABOLICIONISMO?

Por Héctor H. Hernández

            Con la lucidez de su oficio y la clarividencia que da el dolor de madre que perdió su hijo, la filósofa Diana Kohen Agrest viene dando en la tecla del problema de la inseguridad argentina al atribuirlo principalmente al Garantoabolicionismo.

            Ha adoptado, así, una nomenclatura que venimos usando y es necesario explicar.

            La palabra designa una mentalidad, una doctrina y un movimiento con hegemonía en el sistema penal, que se distingue estas por cuatro notas con las que simplificamos la caracterización que hemos hecho en nuestro último libro.

– Por de pronto se presenta bajo la bandera de las garantías. Algo que de suyo aparece valioso, pero como no hay en el mundo jurídico argentino y occidental quien las niegue, no sirve para distinguirse de nadie. Se fabrica así un ogro inexistente que está al acecho y que conspira contra la paz del mundo. Véase sobre esto la literatura del profesor y juez Zaffaroni, que describe el sistema penal como un monstruo loco y gigantesco que constituye la principal amenaza para la existencia del mundo, y contra él se convoca a la lucha. ¿Por qué medio? Por el que se manifiesta en la siguiente nota.

– En segundo lugar busca, en forma más o menos explícita o implícita un ideal que descree de alcanzar totalmente, pero que entretanto destruye mucho. A partir de sostener la ilegitimidad del sistema penal y del Estado mismo y la macromaldad afirmada del mismo, se convoca a una especie de cruzada por la reducción de los castigos, y si es posible su abolición. Dado que la cosa así es impresentable, se declaman medidas sustitutivas de aquéllos, tan risibles que confirman que lo que se quiere es “cancelar el poder punitivo del Estado” (textual). Por ejemplo, que los delincuentes prometan no seguir con su raid criminal. O la institución de la probation, por la cual se suspende y archiva el proceso si se cumplen ciertas conductas, pero que se instaló en el país sin presupuesto y por ende sin medio alguno de control de los requisitos. O se proclama el juicio oral como el último grito de la moda, que para funcionar exige mandar la mayoría de causas al archivo por prescripción. O arreglarlas mediante el juicio abreviado que es todo lo contrario del debido proceso y del proceso oral. Obviamente que se eufemiza la supresión de los castigos por la expresión “supresión de la violencia en curso” y la invocación de los derechos humanos. Ha de saberse que, para esta posición, aplicar penas es contrario a los derechos humanos y es inconstitucional. ¡Como se oye, escrito por el citado magistrado judicial supremo de la República!

                 La hegemonía de esta mentalidad y movimiento hace que sea generalizado en los profesores de derecho penal, que se reconocen gustosos como enemigos tenaces del sentido común, la repetida monserga de que “el derecho penal está en crisis”.  Cuando son ellos, los precisamente llamados “críticos”, los que están en crisis.

– Otra característica es que sus integrantes son en su mayoría docentes universitarios y magistrados, con lo que su éxito abolicionista sería una especie de destrucción del sistema por implosión. Hace unos años se trazó, por el profesor citado, un verdadero “plan de lucha” para esa demolición. Puede leerse en el libro Encuentro con las penas perdidas, editado en Santa Fe y dado su sincerismo no reeditado y difícil de conseguir. Los seguidores del Garantismo abolicionista son entonces especie de infiltrados en el sistema para destruirlo. Que usan los dineros del Estado, las prebendas del Estado, los privilegios de no pagar impuesto a las ganancias, los choferes y secretarios y papeles y provisiones y teléfonos del Estado para, posicionados en un puesto de servicio que la pobre gente confía ejercerán para reprimir el delito o para enseñar derecho penal, dirigir la demolición. Así como suena.

– Una cuarta característica es que les importan muy poco las garantías reales y establecen contra el “estado de policía”, integrado por las fuerzas armadas y de seguridad (al que increíblemente asocian en la desgracia a los inocentes no nacidos), un antigarantismo manodurista de la peor especie.

Héctor H. Hernández

Autor de los libros El Garantismo abolicionista (MarcialPons, 2013), e Inseguridad y Garantismo abolicionista –Bases para la reconstrucción de la ciencia penal (Cathedra, Buenos Aires, 2017).

Santa María de la Alameda, España, 5 de mayo de 2020.

hectorhumbertohernandez@gmail.com

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