Desobediencia debida: justificación doctrinal del alzamiento Cristero (3-3)

 

3.1. La postura vaticana

Como sabemos, el Vaticano es también un estado con una diplomacia milenaria. Dentro del conflicto que tratamos, la Santa Sede debió enfrentar las posiciones con muchísimo cuidado (pocos años antes debió hacer equilibrio en la primera gran guerra) y, al momento de pronunciarse sobre el conflicto mexicano lo hizo analizando cada una de las palabras.

Existe, sin embargo en Roma el diario titulado Osservatore Romano, que se encarga de difundir, no siempre con total fidelidad, las posiciones de la jerarquía eclesiástica romana; fue en este periódico donde se presentaron declaraciones que tuvieron una especial resonancia.

Para citar uno de los casos famosos, baste recordar la famosa noticia aparecida el 11 de agosto de 1926, que vino de perillas a los jefes de los Cristeros para demostrar la cercanía de la Santa Sede:

 

Ni se diga que los católicos podrían unirse y organizarse para intentar una defensa por las vías legales, puesto que toda asociación de fieles que pretenda un fin tal, ha sido estrictamente vetada por la Ley Calles con las penas más graves (Art. 10-16); de manera que no resta a las masas que no quieren vivir sometidas a la tiranía y no son ya contenidas por la pacífica predicación del clero otra cosa que la rebelión violenta[1].

 

No resta… otra cosa que la rebelión violenta…, se decía. De este modo, la idea de que Roma apoyaba el movimiento armado y su justificación desde su órgano de difusión “sin comprometerse” como lo era el “Osservatore” se difundía más y más. El Vaticano, para evitar críticas internacionales, tardó casi dos años en matizar esta declaración el editorial con una nota aclaratoria que rezaba así:

Hay quien cree y quiere hacer creer que circule en México, y en algunos otros lugares, la voz de que el mismo Sumo Pontífice ha impartido una bendición especial a la insurrección armada y ha incluso concedido especiales indulgencias a los combatientes, estimulando con esto (según dicen ellos mismos) también la colecta de dinero destinado a los combatientes. Consta en numerosos y conocidos documentos que el Santo Padre se ha colocado siempre de parte de sus hijos mexicanos perseguidos y sufrientes por la fe de sus padres, pero también está documentado que nada hay de verdad en la voz anteriormente citada[2].

Lo que se intentaba era desmentir que estuviese “documentada” la bendición papal a la insurrección armada, así como también que se hubieran permitido “colectas” en su favor o dado “indulgencias a los combatientes”, al estilo de las antiguas Cruzadas.

Pero no todo es tan sencillo; no fue sólo el Osservatore Romano quien puso las bases para una interpretación favorable al levantamiento, sino el mismo Papa Pío XI. Era una época difícil; no sólo se habían cerrado los templos al culto en México, sino que también se desarrollaban los primeros levantamientos. En este contexto, el Papa recibió a un grupo de jóvenes mexicanos el 30 de diciembre de 1926, dentro del marco de las fiestas por el bicentenario de la canonización de San Luis Gonzaga, diciéndoles:

 

En primer lugar, Nos hacemos referencia y ordenamos saludar primeramente a vosotros que desde la lejana tierra mexicana habéis venido hasta Nosotros, ¡hijos de mártires y fuertes como los mártires mismos! Honor a vosotros y a vuestra región, a vuestros obispos y a vuestros pastores, a vuestros presbíteros, a todos los vuestros quienes tan glorioso combate sostienen por el honor de Dios, por el Reino de Cristo, por el honor de la Santa Madre Iglesia, por la dignidad y la salvación de las almas, causando admiración al orbe entero[3].

 

Luego del discurso, el Papa pidió transmitir este mensaje a sus hijos de México, junto con sus saludos y su Bendición.

Remarquemos las palabras: glorioso combate que es sostenido por los mexicanos por el honor de Dios. Como si fuera poco, el 3 de enero de 1927, el Papa recibió en audiencia privada a los diecisiete jóvenes que habían asistido al evento, acompañados por el arzobispo José M. González y Valencia y por algunos sacerdotes mexicanos residentes en Roma, con las siguientes palabras:

 

Vosotros, tornando a México, diréis a todos las palabras que habéis oído de nuestros labios; les diréis que Nosotros hemos saludado en vosotros a todos los mexicanos […], pero sobre todo y principalmente, a esa amada y generosa juventud mexicana. Les diréis que Nosotros sabemos todo lo que ella hace, que sabemos que combate, y lo bien que combate, esa gran guerra que se puede llamar la batalla de Cristo[4].

 

Nos parecen palabras claras, tanto por su contexto como por su significado; sin embargo hay quienes no creen ver en esta postura papal un “apoyo” al movimiento cristero, dándoles simplemente un “sentido metafórico”[5].

 

3.2. ¿Se dieron las condiciones para el alzamiento?

Es fácil profetizar desde el futuro; sin embargo vale la pena ponerse a analizar si las circunstancias para el levantamiento fueron o no legítimas para que se diera en un modo católicamente aceptable (al final de cuentas y como lo hemos visto, los mismos Cristeros se hacían la pregunta).

Recordando las condiciones planteadas, podríamos resumirlas así: 1) que existan violaciones ciertas, graves y prolongadas a los derechos fundamentales; 2) haber agotado todos los recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; y 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores.

Veámoslas una a una.

1) Violaciones ciertas, graves y prolongadas a los derechos fundamentales

Desde la consolidación de Carranza, a principios de 1915, los católicos venían sufriendo todo tipo de vejaciones; a partir de la toma de posesión de Calles, las agresiones se habían convertido en continuas y a todo mundo resultaba patente el propósito de impedir a la jerarquía el cumplimiento de sus funciones si no era con la anuencia y bajo las órdenes del Estado.

Para sólo citar un ejemplo, el cristero Aurelio Acevedo enumera sin exhaustividad el número de sacerdotes asesinados durante el período de Calles comparándolo con los periodos que lo antecedieron y lo sucedieron (entre 1914 y 1938). De 1914 a 1924, se habían asesinado a 16 sacerdotes; en el período de Calles, entre 1924 y 1928, 56; entre 1929 y 1934, todavía bajo la égida de Calles, 19; ya con Cárdenas, entre 1936 y 1938, otros 4[6].

Además, hay que sumar las matanzas de los católicos a la salida de las iglesias, cuando todavía se permitía el culto público; la proscripción de todo tipo de imágenes y objetos religiosos; la prohibición de vestir de negro en señal de luto; las palizas y vejaciones a los activistas católicos, sin importar la edad ni el sexo; la deportación sumaria de cientos de católicos a las Islas Marías; la imposibilidad de cualquier tipo de defensa jurídica eficaz por el solo hecho de ser católico.

Era la persecución a causa de la religión, violando así los derechos fundamentales del ser humano.

2) Haber agotado todos los otros recursos

Los recursos que se podían interponer ante la Cámara de diputados no sólo fueron desechados arbitrariamente, sino que algunos de ellos ni siquiera habían sido estudiados. Legalmente hablando, no había otra instancia dónde acudir.

El intento del boicot económico, también se produjo; los resultados inmediatos, en cuanto a efectos negativos para el gobierno, habían sido (y seguían siendo) mucho mayores de lo que se esperaba. La respuesta de los católicos al boicot en las grandes zonas urbanas continuaba siendo ejemplar.

Al mismo tiempo, en poco tiempo se habían recogido dos millones de firmas pidiendo que se suspendiera la aplicación de la ley, sin ninguna consideración de parte del gobierno.

Los mismos obispos Díaz y Ruiz, le habían facilitado a Calles una salida diplomática en una reunión, que permitiría al mismo tiempo el cese al boicot, la reanudación de cultos y la distensión de un ambiente de discordia ensangrentado ya por los primeros levantamientos: únicamente tenía que declarar a la prensa que la inscripción de sacerdotes era sólo una medida administrativa, con la que el Estado no pretendía dirigir los asuntos internos de la Iglesia. Pero ni siquiera a eso se había mostrado propicio el presidente Calles. Y todas esas vicisitudes eran conocidas por las grandes masas que, por otro lado, experimentaban en carne propia, día a día, los efectos de la persecución.

En efecto, más que una lucha entre la “religión” de la incredulidad y la fe verdadera, en la base del conflicto subyacía la certeza que tenía el pequeño grupo en el poder de que debía aniquilar a la Iglesia católica para ser dueño de las conciencias. El enemigo a vencer eran los obispos, los sacerdotes, los profesores de las escuelas católicas, pues enseñaban que cuando se oponen la obediencia a Dios y la obediencia a los hombres, siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto en manera alguna lo podían tolerar quienes pensaban que una ley puede ser expedida prescindiendo de la naturaleza humana e, incluso, en contra de los derechos más fundamentales del hombre, y que, por ser ley, debe ser obedecida. No podían admitir que la Iglesia católica hubiera hablado de justicia social y hubiera propiciado la formación de sindicatos católicos aun antes del triunfo de la Revolución. No podían soportar que los padres católicos educaran a sus hijos en verdades ajenas a la «verdad positiva, científica» que, con un desfase de cincuenta años respecto del mundo occidental, pretendía ahora imponerse en México como verdad oficial. No podían tolerar que el pueblo, católico en un 99% según el censo de 1910, acudiera puntualmente a adorar, día tras día, a un Dios que también había sido proscrito por la verdad oficial. No podían sufrir, finalmente, la existencia de una jerarquía que se dijera de origen divino y que, sin haber recibido ninguna delegación del grupo revolucionario, gozara de mayor autoridad en todos los estratos de la población. Especialmente esto último no lo podían soportar[7].

Los recursos se habían agotado en el momento mismo que Calles había decidido instrumentar cuantas leyes fueran necesarias para someter a la jerarquía de la Iglesia a los arbitrios revolucionarios.

 

3) No provocar desórdenes peores

El requisito, como es fácil de ver, se refiere al ámbito prudencial, es decir, a la esfera de lo contingente. Desde finales de 1910, México venía sufriendo una interminable serie de guerras intestinas entre los diferentes grupos revolucionarios, con excepción de un relativo periodo de paz (entre 1920 y 1923). La población civil se encontraba ya a merced de todo tipo de arbitrariedades por parte del gobierno, de manera tal que era difícil pensar que se ocasionaría un estado de cosas todavía peor que el que se padecía. Ciertamente las calamidades que supuso la guerra, como masacres, devastaciones, asesinatos y todo tipo de represalias, sin duda no estuvieron contempladas por los dirigentes de los Cristeros ni, mucho menos, por los que se levantaron en armas espontáneamente en defensa de su religión y de sus familias.

Ahora bien, como los Cristeros veían claramente que la salvaguarda de la fe y de la libertad para practicarla y transmitirla a sus hijos era un bien tan precioso que ningún tipo de calamidades que se ocasionaran eran comparables con su pérdida, se vieron obligados a actuar en consecuencia. Por eso, aunque los desastres provocados por la guerra fueron grandes, sin embargo, para ellos era inaceptable adoptar una postura pasiva cuando lo que peligraba era algo tan valioso.

Actuaban, entonces, en conciencia.

4) Que haya esperanza fundada de éxito

Si un levantamiento armado manifiestamente iba a fracasar, realmente era temerario el hacerlo, pues en caso de no triunfar, la situación de los oprimidos sin duda sería peor después del fracaso. ¿Qué se puede decir del levantamiento de los Cristeros en relación con este principio?

Lo primero que debe recordarse y que muchas veces se pasa por alto, es que a lo largo de toda la guerra los Cristeros mantuvieron una altísima convicción de triunfo y esto dado a las muchas victorias que consiguieron incluso en condiciones desventajosas y con un número de bajas mínimo; existía una certeza casi sobrenatural de su victoria, como lo declara González Morfín[8].

Esta moral de victoria había ido creciendo a causa de hechos objetivos. El movimiento comenzado por pocas decenas de hombres en poco tiempo contaba con 20.000 soldados esparcidos en buena parte del territorio nacional y, en el mes anterior a los “arreglos” entre la Iglesia y el Estado, el ejército cristero se componía ya de 50.000 hombres, sin contar un buen número de colaboradores tácticos que los ayudaban indirectamente sin participar en los combates. Si bien la geografía militar no había cambiado sustancialmente desde principios de 1928, cuando los cristeros delimitaron claramente su área de influencia, sin embargo, el dominio ejercido sobre la llamada “zona liberada” continuaba en aumento, prueba de ello es que eran cada vez más eficaces sus sistemas para establecer y recaudar impuestos.

Por otro lado, nunca se extinguió la esperanza de que los católicos de otros países (especialmente norteamericanos), financiaran decididamente el movimiento armado, o que el gobierno de Calles perdiera el respaldo americano.

Amén de ello, estaba la confianza enorme que se tenía en la destreza militar del general Gorostieta, quien poco tiempo antes de su muerte, estaba terminando de afinar los detalles para la toma de Guadalajara, la segunda en importancia en el suelo Mexicano. Su muerte aplazó la toma de una ciudad que, de haber sido mantenida en las manos de los Cristeros, les hubiera permitido resolver parcialmente sus problemas de abastecimiento militar.

5) Si es imposible prever razonablemente soluciones mejores

Esta condición establece implícitamente que el objetivo de la lucha armada no necesariamente tendría que ser la caída de un determinado gobierno ni, mucho menos, el ascenso de otro, sino únicamente el alcanzar un estado de cosas diferente en el que se garanticen los derechos por los cuales ha sido emprendida la lucha armada.

En relación con los cristeros, al parecer, esta posibilidad permaneció siempre viva. Por eso en la perspectiva de los jefes cristeros (Gorostieta y Degollado Guizar) se vislumbraba una solución pactada en la que se obtuviera del gobierno al menos el reconocimiento de las libertades esenciales por las que se estaba combatiendo. También en una carta del general Gorostieta, en la que mostraba desacuerdo con los dirigentes de la Liga que le negaban fuera él quien, llegada la hora, pactara el armisticio[9], se advierte que en la mente de todos el momento de llegar a un acuerdo con el gobierno se veía cada vez más cercano.

Además, durante todo el tiempo en que se mantuvieron levantados en armas, en el ánimo de los cristeros no subsistía otro objetivo que no fuera el de rescatar sus derechos más elementales, en ese momento, conculcados; por esto mismo, vieron concluida la razón de luchar en el momento en que el gobierno, por conducto del presidente de la República, admitió:

I. Que el artículo de la ley que determina el registro de ministros, no significa que el Gobierno pueda registrar a aquellos que no hayan sido nombrados por el superior jerárquico del credo religioso respectivo, o conforme a las reglas del propio credo.

II. En lo que respecta a la enseñanza religiosa, la Constitución y las leyes vigentes prohíben de manera terminante que se imparta en las escuelas primarias y superiores, oficiales o particulares; pero esto no impide que, en el recinto de la iglesia, los ministros de cualquier religión impartan sus doctrinas a las personas mayores o a los hijos de éstas que acudan para tal objeto.

III. Que tanto la Constitución como las leyes del país garantizan a todo habitante de la República el derecho de petición y, en esa virtud, los miembros de cualquier iglesia pueden dirigirse a las autoridades que corresponda para la reforma, derogación o expedición de cualquier ley[10].

De hecho, concedidos a la Iglesia, con estas declaraciones del presidente Portes Gil, los espacios mínimos de libertad para ejercitar su ministerio, los cristeros se decidieron (en su mayoría) a deponer las armas.

Puede servir, para terminar, un juicio difundido por una revista católica durante el primer año de la lucha armada; allí, de algún modo, se resumen los motivos y la moralidad para los combatientes de la necesidad de dar el “buen combate”, del que hablaba San Pablo[11]:

 

El combate es reñido y la victoria indecisa; pero los mejicanos (sic) han cumplido con su deber. Y los hombres libres de todas las latitudes les admiran y les aplauden y les bendicen. No son bandidos, como les llama el gobierno, ni siquiera rebeldes, como les dice la prensa asalariada. Su nombre verdadero es libertadores.

Es verdad que alguien ha dicho que la injusticia no ha de convertir a los católicos en injustos, ni el despojo en despojadores, ni el bandolerismo en bandidos, ni el asesinato en asesinos, ni la tiranía en anarquistas. Pero afirmar esto es desconocer en los católicos el derecho de legítima defensa.

En casos extremos, cuando en vigor de las circunstancias la resistencia pasiva resulta ineficaz o prácticamente imposible, es lícito oponer a la autoridad del tirano la resistencia activa a mano armada […].

Concedemos de grado que estos grupos de libertadores son inferiores en número y en elementos al ejército callista. Pero esto mismo recomienda su arrojo y su heroicidad en lanzarse a una lucha desigual. También reconocemos que la victoria definitiva, en estas circunstancias, no será obra de un día. Pero es un hecho que la insurrección, lejos de ser sofocada, ha ido en progresión ascendente, y que el trono del callismo, apuntalado con cadalsos, ha comenzado a bambolearse.

Todo el que haya seguido de cerca la cuestión mejicana habrá visto que los católicos no echaron mano a las armas (más) que después de ensayar inútilmente los medios de una resistencia pacífica, o cuando esta fue prácticamente imposible. Recordemos el boicot, que dio resultados maravillosos, hasta que los rojos de Calles cometieron con los propagandistas salvajismos sin nombre. Recordemos el Memorial presentado al Congreso, respaldado con millones de firmas de los católicos, que pedían la reforma o la derogación de la Ley[12].

 

***

 

Hemos intentado plantear la doctrina y los hechos del levantamiento armado mexicano. Los episodios que nos ocupan tienen aún varias aristas por pulir e investigar; recién ahora, entrando en el siglo veintiuno y a casi cien años del problema comenzamos a beber de las fuentes y archivos que, poco a poco están cada vez más cerca del estudioso.

De las lecturas y testimonios, vemos cómo el pueblo mexicano no sólo aplicó la doctrina del derecho al levantamiento contra la opresión, sino que incluso logró sin saberlo, la proclamación por parte de la Iglesia de un derecho que se encontraba ya en el Antígona de Sófocles (obedecer a la divinidad antes que a los hombres). En efecto, a partir del “caso cristero” la historia forzó la necesidad de declarar la doctrina en el actual Catecismo (nro. 401).

 

P. Dr. Javier Olivera Ravasi

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FUENTES y BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Aurelio (ed.) (2000). David  I – VIII, Estudios y Publicaciones Económicas y Sociales, México.

Barquín, Andrés y Ruiz, José (1967). María González y Valencia, Arzobispo de Durango, México, JUS.

Beltrán de Heredia, Vicente (ed.) (1932). Biblioteca de Teólogos Españoles, Salamanca.

Degollado Guizar, Jesús (1957). Memorias de Jesús Degollado Guízar, último general en jefe del Ejército Cristero, México, JUS.

de la Taille, Maurice (1922-1924), “Insurrection”, en Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, tome II, Paris, Gabriel Beauchesne.

Dumont, Jean (1997). El amanecer de los derechos del hombre: la controversia de Valladolid, Madrid, Encuentro.

Encíclicas papales:

León XIII, Quod apostolici muneris, 28-12-1878. AAS 11 (1878), pp. 372-379.

León XIII, Diuturnum illud, 29-6-1881. AAS 14 (1881), pp. 3-14.

León XIII, Libertas, 20-6-1888. AAS 20 (1887), pp. 593-613.

Pío XI, Firmissimam constantiam, 28-3-1937. AAS (1937), pp. 189-211.

González Morfín, Juan (2009). La guerra cristera y su licitud moral, México, Porrúa-Universidad Panamericana.

López Ortega, Juan Antonio(1944). Las naciones extranjeras y la persecución religiosa, México, edición del autor.

L’Osservatore Romano, Roma, 1926-1928.

Moctezuma, Aquiles (1929). El conflicto religioso de 1926, sus orígenes, su desarrollo, su solución, México, s/e.

Peón, Cristóbal (1927). “La situación religiosa en México y su legalidad”, en Razón y Fe. Revista Quincenal Hispano Americana, nº 27, Madrid

Pereña Vicente, Luciano (ed.) (1954). Teoría de la guerra en Francisco Suárez, vol. II, CSIC, Madrid.

San Agustín, La ciudad de Dios, en Bernardus Dombart y Alphonsus Kalb (eds.), Corpus Christianorum, Series Latina (CChL), Brepols, Turnhout 1953 ss., 47, 111.

San Agustín, Epistulae, en Alois Goldbacher (ed.), 229, 2, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL), Wien 1866 ss,  57, 497-498.

San Agustín, Contra Faustum, en Joseph Zycha (ed.) XXII, 75, CSEL 25, 673.

San Agustín, Epist. 189, 4, en CSEL 57, 133-134.

San Agustín, In Heptateuchum, enIoannes Fraipont (ed.), VI, 10, CSEL, 28, 429.

San Ambrosio, De officiis, en Mauritius Testard (ed.), CChl, Brepols, Turnhout 1953 ss.

San Atanasio, Epist. ad Amunem monachum, en J.P. Migne, (ed.). Patrologiae cursus completus, Ecclesia Greca, Paris 1857-1866.

Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, BAC, Madrid 1956

 

 

 

 

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