Desobediencia debida: justificación doctrinal del alzamiento Cristero (2-3)

2. LA DOCTRINA DE LA RESISTENCIA EN LOS MOMENTOS PREVIOS AL CONFLICTO MEXICANO

A la época del conflicto cristero, la Iglesia no poseía un cuerpo doctrinal completo respecto de este caso puntual; el marxismo soviético y su asalto al poder, era aún un fenómeno reciente, y la persecución religiosa en España recién comenzaba por parte de la República. Sin embargo, existían ya algunos documentos direccionales que permitían vislumbrar el norte de la cuestión.

Así, por ejemplo, el sumo pontífice de los cambios sociales, el Papa León XIII, explicaba en qué situaciones los ciudadanos no debían obedecer a quienes los gobernasen de modo injusto: Una sola causa tienen los hombres para no obedecer: cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino y acotaba:

 

[…] todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas, no pueden ser mandadas ni ejecutadas. Si, pues, sucede que el hombre se ve obligado a hacer una de dos cosas, o despreciar los mandatos de Dios o despreciar la orden de los gobernantes, hay que obedecer a Jesucristo que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (Mt 22, 21)… Los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Y en este caso su autoridad no tiene valor, porque esta autoridad, sin la justicia, es nula[1].

 

Y en otra de sus encíclicas León XIII sentenciaba que cuando se mandaba algo contrario a la razón, a la ley eterna, a la autoridad de Dios, es justo entonces desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Cerradas así las puertas a la tiranía, no lo absorberá todo el Estado[2].

Obediencia debida y obediencia indebida, entonces…

Pero quien como pontífice debió sufrir quizás los mayores conflictos políticos del siglo XX, fue el papa Pío XI; la Guerra Civil Española, el conflicto con la Action Françise y la Cristiada, fueron sólo algunos de los episodios padecidos.

Luego de la fratricida lucha de los mexicanos y ante un nuevo levantamiento posterior a los nefastos arreglos entre la Iglesia y el Estado mexicano, hubo quienes intentaron llevar adelante una segunda sedición ante el recrudecimiento de las persecuciones. Fue entonces cuando Pío XI publica su documento titulado Firmissimam constantiam donde aclara:

Es muy natural que, cuando se atacan aun las más elementales libertades religiosas y cívicas, los ciudadanos católicos no se resignen pasivamente a renunciar a tales libertades. Aunque la reivindicación de estos derechos y libertades puede ser, según las circunstancias, más o menos oportuna, más o menos enérgica.

Vosotros [Obispos mexicanos] habéis recordado a Vuestros hijos más de una vez que la Iglesia fomenta la paz y el orden, aun a costa de graves sacrificios, y que condena toda insurrección violenta que sea injusta, contra los poderes constituidos. Por otra parte también vosotros habéis afirmado que, cuando llegara el caso de que esos poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir aun los fundamentos mismos de la Autoridad, no se ve cómo se podría entonces condenar el que los ciudadanos se unieran para defender a la Nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarla a la ruina.

Si bien es verdad que la solución práctica depende de las circunstancias concretas, con todo, es deber Nuestro recordaros algunos principios generales que hay que tener siempre presentes, y son:

1º Que estas reivindicaciones tienen razón de medio, o de fin relativo, no de fin último y absoluto;

2° Que en su razón de medio deben ser acciones lícitas y no intrínsecamente malas;

3º Que si han de ser medios proporcionados al fin, hay que usar de ellos solamente en la medida en que sirvan para conseguirlo o hacerlo posible en todo o en parte, y en tal modo que no proporcionen a la comunidad daños mayores que aquellos que se quieren reparar;

4° Que el uso de tales medios y el ejercicio de los derechos cívicos y políticos en toda su amplitud, incluyendo también los problemas de orden puramente material y técnico o de defensa violenta, no es en manera alguna incumbencia del Clero ni de la Acción Católica como tales instituciones; aunque también, por otra parte, a uno y otra pertenece el preparar a los católicos para hacer recto uso de sus derechos, y defenderlos con todos los medios legítimos, según lo exige el bien común;

5° El Clero y la Acción Católica, estando, por su misión de paz y de amor, consagrados a unir a todos los hombres “in vinculo pacis” (Ephes., 4,3), deben contribuir a la prosperidad de la Nación, principalmente fomentando la unión de los ciudadanos y de las clases sociales, y colaborando a todas aquellas iniciativas sociales que no se opongan al dogma o a las leyes de la moral cristiana[3].

 

El levantamiento cristero inicial (1926-1929) y lo que se dio en llama “la Segunda” (el coletazo posterior a los “Arreglos”) terminaron por casi obligar a la Santa Sede a fijar una doctrina sobre el derecho al alzamiento hasta el momento nunca explicitada por la Iglesia jerárquica. Este tema no lo hemos visto estudiado aún, es decir, el fenómeno histórico de la Cristiada como antecedente de los documentos magisteriales sobre el tema[4].

 

3. “BAJAR AL MERCADO”. DE LA MORAL A LOS HECHOS

Se lee en los diálogos platónicos, que cuando sus discípulos se veían muy enmarañados con la mayéutica, Platón sentenciaba: ahora bajemos al mercado…”, como diciendo, vayamos a los hechos.

No sería más que un aburrido trabajo de teología o de filosofía moral, si no confrontáramos los principios anteriormente citados con lo que realmente sucedió en México antes de 1926. ¿Qué se pensaba al respecto?, ¿cómo se dieron los hechos?, ¿cómo se “bajó” doctrinalmente el pensamiento al pueblo sencillo?, ¿se dieron las condiciones necesarias para el alzamiento?

Vayamos por partes.

 

3.1. Los teólogos y los obispos frente al alzamiento

Así como la España imperial de Carlos V se planteó el problema moral de la Conquista[5], también los Cristeros se planteaban la licitud o ilicitud de su levantamiento.

Sucede que el magisterio pontificio había repetidamente reprobado los movimientos de insurrección; basta recordar para ello, la encíclica Quod apostolici muneris, de León XIII, que rezaba:

Si alguna vez se diera el caso de que la potestad pública fuera ejercida por los gobernantes temerariamente y traspasando sus límites, la doctrina de la Iglesia católica no permite levantarse por propia cuenta contra ellos, a fin de que no se perturbe más y más la tranquilidad del orden o de ahí reciba la sociedad mayor daño; y cuando la cosa llegare a términos que no brillara otra esperanza de salvación, enseña que ha de apresurarse el remedio con los méritos de la paciencia cristiana y con instantes oraciones a Dios[6].

 

El Papa Gregorio XVI, pocos tiempo atrás de la encíclica citada, había reprobado la insurrección de los católicos polacos contra el Zar; además, apenas unos años antes, el episcopado irlandés había condenado una insurrección de los católicos anunciado que cuantos persistieran en oponerse al gobierno por medio de las armas serían excomulgados, y, todo sacerdote que apoyase el levantamiento sería suspendido a divinis[7].

Por todo ello, los católicos se preguntaban si aquello que estaban haciendo por defender a la Iglesia era algo legítimo. Además, fuera de la directiva eclesial que querían respetar, existía un problema político, pues la Iglesia jerárquica no quería ser demasiado directa en sus declaraciones: si se condenaba explícitamente la insurrección mexicana, los levantados tendrían que deponer las armas con grandes pérdidas y, si se la apoyaba, recibirían aún más las represalias del gobierno sumando un conflicto diplomático mundial.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los elementos de los que dispusieron los Cristeros para formar su opinión en torno a la licitud o no de la defensa armada?

Para conocer el pensamiento y las fuentes de quienes convocaron a la defensa armada, es de capital importancia una obra editada clandestinamente por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa[8] en 1929, apenas realizados los “Arreglos”. Se trata del libro publicado por Aquiles Moctezuma (pseudónimo del padre jesuita Eduardo Iglesia Cardona), bajo el título El conflicto religioso de 1926, sus orígenes, su desarrollo, su solución[9], donde se trata de fundamentar bajo la guía segura de Santo Tomás de Aquino, la licitud de la defensa armada contra un gobierno opresor, distinguiendo, además, la rebelión de la revolución.

Sin embargo, como bien señala González Morfín[10], la doctrina del “derecho al alzamiento” si bien había llegado a los jefes cristeros en clave tomista, había sido interpretada principalmente por dos teólogos modernos: Theodor Meyer y Maurice de la Taille, siendo, a nuestro entender, este último quien mayor influencia ejerció en el movimiento mexicano.

Fue en 1924, poco antes del alzamiento, que se publicaba en París la cuarta edición del Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique; allí puede leerse aún hoy un extenso artículo con la voz “insurrección” que ofrecía el status quaestionis y el pensamiento contemporáneo en respuesta a las posibles aflicciones de un gobierno injusto[11]. Con distinciones académicas, quedaban claros los diferentes tipos de resistencia a la autoridad:

a) la resistencia pasiva, que consiste en no obedecer a las prescripciones de una ley.

b) la resistencia activa legal, que consiste en demandar la revisión de una ley a través de los medios legales.

c) la resistencia activa a mano armada, que consiste en oponerse por la fuerza a la ejecución de una ley.

d) la rebelión, que consiste en emprender la ofensiva contra la autoridad de la que emana la ley.

Mientras la última actitud es – se dice – en todos los casos prohibida, la primera es siempre obligatoria cuando se trata de una ley que prescribe acciones contrarias a la conciencia; la segunda, asimismo, es permitida y la tercera, se plantea el problema sobre si es lícita y en qué casos.

Pero fuera de la posición respetable de Taille, hubo otros teólogos que despegando del mero escritorio dieron respuestas concretas a los cuestionamientos que se hacían. Así, por ejemplo, el 4 de noviembre de 1926, el padre Mariano Cuevas, famoso historiador mexicano residente entonces en Roma, habiendo hecho una consulta a un notable grupo de moralistas de la Universidad Gregoriana (los padres Mostaza, Benito Oggetti, el mismo Maurice de la Taille), recibió la siguiente respuesta:

Los mexicanos, civiles y eclesiásticos, tienen pleno derecho a ejercitar la resistencia armada en las actuales circunstancias, si tienen sólidas esperanzas de éxito y de no producir males mayores […] [12].

El padre Arthur Vermeersch, uno de los más reconocidos moralistas católicos del siglo XX, en varios momentos volvió a pronunciarse sobre la licitud de la defensa armada emprendida por los mexicanos, llegando incluso, a defender el movimiento cristero de quienes, escandalizados, lo reprobaban en los primeros meses de 1927:

 

Hacen muy mal aquellos que, creyendo defender la doctrina cristiana, desaprueban los movimientos armados de los católicos mexicanos. Para la defensa de la moral cristiana no es necesario recurrir a las mentiras de ciertas falsas doctrinas pacifistas. Los católicos mexicanos están usando un derecho y cumpliendo un deber[13].

Tengamos en cuenta la nota del estar cumpliendo un deber.

Como vemos, varios teólogos católicos daban su opinión y la misma llegaba a México por los canales normales de la Iglesia; así, la autoridad de Vermeersch, utilizada en una carta dirigida desde Roma por la misma Comisión Episcopal al obispo de San Luis Potosí:

 

En cuanto a la comprensión que la defensa armada ha causado por acá, debemos citar los siguientes hechos: El famoso P. Vermeersch, S.J., profesor de Moral y Sociología en la Universidad Gregoriana, insiste en reprobar la conducta de los que declaran ilícita la defensa armada de los derechos católicos. Estas declaraciones han causado gran sensación y han sido confirmadas por la sentencia y comentarios de otros y gravísimos teólogos: el P. Noval, dominicano, el P. Marotto y otros canonistas y juristas. Estos profesores y otros altos personajes, en lo particular, muestran gran interés por el buen éxito de los defensores. La Santa Sede, por su parte, guarda el más circunspecto silencio[14].

 

El episcopado apoyaba y el Vaticano seguía fiel a su política del laissez-faire…

Se dirá que los documentos son opiniones particulares de algunos teólogos; puede ser, pero fue lo que principalmente determinó al alzamiento frente al silencio oficial o, lo que es peor, la ambigüedad de la jerarquía católica.

Lo que llegaba a los futuros combatientes a través de sus líderes laicos eran estas opiniones difundidas a través de los diarios católicos y, panfletos y folletos editados por Liga, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) o las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, entre otros movimientos laicales[15].

 

3.2. El episcopado mexicano

El estudioso mexicano, Juan González Morfín, declara que el único documento “oficial” emanado por un obispo en el que expresamente se declara la licitud del recurso a las armas, fue el de Mons. José M. González y Valencia:

Nos nunca provocamos este movimiento armado. Pero una vez que, agotados los medios pacíficos, ese movimiento existe, a Nuestros hijos católicos que anden levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid Nuestras bendiciones[16].

 

Como decíamos, el episcopado mexicano, si bien no estaba del todo unido, en lo esencial había fijado una postura respecto de la ilicitud de la denominada “Ley Calles”, por la cual el estado se entrometía en la vida íntima de la Iglesia:

En las actuales circunstancias la intervención de los católicos para conseguir la libertad de la Iglesia y su florecimiento, así como la prosperidad de la nación, no es, amados hijos, un simple consejo que os damos, sino una obligación gravísima que os recordamos[17].

Pero entonces… ¿licitud o ilicitud de la guerra armada? Por momentos nos parece que la jerarquía eclesiástica parecía  ser una joven que deshoja sus margaritas; el episcopado, si bien declaraba lo que venimos leyendo, por otro lado decía:

 

Casos hay en que los teólogos católicos autorizan no la rebelión, sino la defensa armada contra la injusta agresión de un poder tiránico, después de agotados inútilmente los medios pacíficos. El episcopado no ha dado ningún documento en que declare que haya llegado en México ese caso […]. Si algún católico, seglar o eclesiástico, siguiendo la doctrina citada, cree haber llegado el caso de la licitud de esa defensa, el episcopado no se hace solidario de esa resolución práctica[18].

 

Fueron dos, entre los obispos mexicanos[19], quienes más descollaron por su claridad: Mons. Pascual Díaz y Mons. José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla. Este último, por ejemplo, al momento de contestar una acusación del gobierno en la cual se inculpaba al clero del levantamiento armado, declaró desde su obligado destierro:

 

Los católicos mexicanos que se hallan en el campo de batalla […] no hacen sino usar del inalienable derecho que les asiste para impedir a toda costa la ruina de la Iglesia Mexicana y la destrucción de la sociedad […]. Tratándose de los individuos, puede haber algunos casos en que es preferible – por ser de mayor perfección – la resistencia pasiva. Tal es el caso de los sacerdotes […]. Tal sucede también con los inocentes ciudadanos que, por justísimas razones, se abstienen de la lucha armada, y que, sin embargo, por odio a su fe son sacrificados […]. Pero el martirio no es la ley ordinaria […]; los mártires son pocos y sería […] tentar a Dios pretender que todo un pueblo alcanzara la corona del martirio. Luego, de ley ordinaria la lucha tiene que entablarse activamente, y repelerse la agresión en la forma que se produce […]. Pero si (un gobierno) ataca las libertades esenciales de los ciudadanos, si traiciona a la Patria; si asesina […] y atenta sistemáticamente contra la vida y la honra de las familias y de los individuos, entonces la defensa armada es un deber social que se impone a todos los miembros de la comunidad[20].

 

He aquí un obispo que habla sin pelos en la lengua…

Como bien señala González Morfín[21], hay en la presente declaración de Manríquez y Zárate un juicio que no ha sido estudiado a fondo por la teología moral y que, al parecer, va en desacuerdo con la doctrina común existente hasta entonces acerca de la resistencia armada; se trata de la “posibilidad de éxito” que debería tener el alzamiento para logar su carácter de licitud:

Esta obligación [de defender por las armas los derechos esenciales pisoteados por la tiranía] subsiste no sólo en el caso de que sea humanamente posible la derrota del tirano, sino también en la hipótesis de que ésta sea imposible, atendidas las leyes ordinarias de la guerra. La razón es porque la pérdida de la fe y de la independencia nacional y la ruina misma de la sociedad son males todavía mayores que la muerte de un gran número de ciudadanos[22].

 

Es un tema que dejamos a los moralistas.